Ahora que los alcaldes están
bajo la lupa tanto por sus posibles vínculos con criminales como por el posible
mal uso de los recursos, sería bueno revisar el resultado de las autorías
hechas por la contralora municipal, Ana Luisa Martínez Sandoval, quien señaló
que las cuentas en diversas dependencias del Ayuntamiento no cuadran.
Ya Zitácuaro fue declarado
como el segundo municipio con más observaciones en el estado, como resultado
del análisis de la Cuenta Pública 2012, presentado al pleno del Congreso del
Estado en semanas anteriores, y parece que las cosas no mejoran, sino que se
continúa con la misma tónica.
Obvio que al alcalde Juan
Carlos Campos Ponce no le gustó el dictamen hecho por su funcionaria, a quien
en privado se le llamó la atención porque el documento, que se presentó al
Cabildo más que a los funcionarios, “le pega a él”.
Estos son algunos de los
señalamientos:
La contralora dijo que el
gobierno municipal ha desarrollado programas sociales para erradicar la
pobreza. Sin embargo, agrega que no se ha logrado revertir de manera efectiva
este fenómeno, ¿por qué?, porque no se plantean soluciones reales.
Pero además, en la realidad,
con números en la mano, la contralora señala que en el Programa de Becas 2013
se presupuestaron tres millones 407 mil pesos, y se aplicó esa misma cantidad
más otros diez mil pesos que no estaban contemplados.
El problema fue que el
dinero no llegó a su destino porque se aprobaron 525 becas pero sólo se
entregaron 431. ¿Y el recurso que se gastó de las otras 94?, no se sabe. Algo
similar pasó con el Programa Piso-Techo, en el que el municipio subsidia
materiales para construcción en un 50 por ciento.
De acuerdo con la
contralora, se debieron aplicar seis millones de pesos, pero sólo se ejercieron
cuatro millones 132 mil 944. Además no hubo un estudio socioeconómico, así que
no hay garantía de que quienes recibieron el apoyo hayan sido personas de
escasos recursos.
Hay más: En el Programa
Canasta Básica Municipal se autorizó, en 2013, un presupuesto a ejercer de un
millón 920 mil pesos, pero sólo se aplicaron un millón 025 mil; es decir, hay
un faltante de 670 mil pesos. Tampoco hay estudios socioeconómicos, así que las
despensas pudieron haberse dado a quienes no las necesitaban. Malo.
Señalamientos más graves se
dan en el Programa Vivienda Digna. La finalidad de este componente es muy noble:
darle casa, casi regalada, a las familias en muy extrema pobreza que no tienen
ni lo indispensable para sobrevivir.
El Cabildo autorizó dos
paquetes de 100 casas cada uno, uno en abril y otro en agosto. Finalmente sólo
se ejecutó uno, el primero. El costo total de las viviendas sería de nueve
millones 200 mil pesos.
De esa cantidad, la
Federación aportaría la mayoría, cinco millones 300 mil; el Ayuntamiento, otros
tres millones 490 mil, y los beneficiarios solamente 410 mil; es decir, las
casas costarían, cada una, 92 mil pesos, y las familias favorecidas sólo
tendrían que pagar cuatro mil 100, algo simbólico porque se supone que no
tienen posibilidades para más.
Pero no, las cosas no
salieron como estaban programadas y a los beneficiarios se les exigió un
sacrificio mayor a cambio de la anhelada casa, mientras que el dinero que el
Ayuntamiento autorizó para aportar se hizo humo.
Veamos: la Federación le
entró con sus cinco millones 300 mil, pero el Ayuntamiento sólo puso un millón
859 mil 50 pesos. ¿Dónde quedó el millón 630 mil 050 que faltó?, lo peor fue
que los beneficiados se vieron obligados a aportar un millón 707 mil 500 pesos.Es
decir, las familias en extrema pobreza se vieron obligadas a pagar cuatro veces
más de lo acordado, pues en lugar del precio simbólico de cuatro mil 100,
tuvieron que aportar 17 mil 075 pesos.
Las irregularidades en el
Programa de Vivienda Digna no terminan ahí: la contralora afirma que las casas
no las construyó la Dirección de Obras Públicas, como lo aprobó el Ayuntamiento,
esta es sólo una muestra, el documento continúa…
Ricardo
Rojas
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