Repentinamente y sin analizar a fondo, los regidores
autorizaron endeudar al municipio por más de 65 millones de pesos. Será una
deuda histórica que debió haberse analizado exhaustivamente antes de darle el
visto bueno. Hay muchos factores a considerar que, creemos, se hicieron de lado
sin tomar en cuenta si traerá más perjuicios que beneficios.
En este momento, la situación económica del
municipio no es buena. Si bien no se está prácticamente en la bancarrota como lo
está el estado, las deudas a corto plazo han comenzado a crecer como bola de nieve,
y han provocado una semiparálisis en la administración.
Baste recordar la circular que dirigió la Dirección
de Administración a todas las dependencias a mediados de año. Dijo que a partir
de ese momento no se gastaría en nada de lo programado, a menos que fuera
autorizado directamente por el alcalde Juan Carlos Campos Ponce.
De otra forma no se tendría dinero para terminar el
año con los gastos más elementales como el pago de salarios a los empleados. Se
amenazaba que el director que no obedeciera y realizara una compra tendría que
pagarla con sus recursos.
Bien, la deuda que tiene el Ayuntamiento con la Secretaría
de Hacienda y el ISSSTE por concepto de impuestos y cuotas alcanza ya los 18
millones de pesos, y no se ve cuándo ni cómo vaya a liquidarla.
Es cierto que recurrir a la deuda para financiar el desarrollo
es una estrategia que utilizan los gobiernos a fin de superar las limitaciones
presupuestales, pero de acuerdo con expertos financieros, esto sólo se debe hacer
si se cumple la condición de que la
rentabilidad (ganancia) social sea más alta que el peso que implique el
sacrificio para pagar las mensualidades y, aún más, los intereses. Tampoco se
vale hipotecar los ingresos que tendrán las futuras administraciones.
Prioritario, ¿para quién?
Aunque nadie discute la utilidad de contar con buen
alumbrado público y que éste salga más barato, ¿acaso no hay proyectos más
prioritarios?, ¿no valdría la pena que ya que a nosotros nos tocará pagar, los
ciudadanos decidiéramos en qué se aplicará el préstamo?
Por ejemplo, modernizar las vías de comunicación o
apostarle a la educación pero en serio, con la construcción de una universidad
pública o financiar un agresivo programa de proyectos productivos para crear
los empleos que tanta falta hacen.
El argumento de que se apliquen 45 millones al
arreglo del alumbrado público es que éste implicaría “ahorro” para el municipio,
además de que el préstamo se pagaría solo -y rápido- con este “ahorro”.
Por principio de cuentas, parece haber un interés en
hacer un proyecto de 45 millones de pesos, cuando en el pasado se demostró que
había alternativas iguales y más baratas (es cosa de ir al archivo municipal y
analizar las propuestas que fueron ignoradas). ¿Cuál es el verdadero motivo?
Además, contar con el dinero que se cobra por
concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para pagar este préstamo es
incierto, ¿acaso de ignora el movimiento ciudadano que hizo que el Ayuntamiento
regresara este cobro a cientos de contribuyentes?
La finalidad de este movimiento es que se erradique
de la Ley de Ingresos 2014 el cobro del DAP, y si no se logra, ahora sí se
vendrían miles de amparos en cascada, lo que dejaría al Ayuntamiento sin este
ingreso. Esto no es un simple amago, sino una realidad.
Si no se cuenta con el dinero del DAP para pagar
esta parte del préstamo -que es la más onerosa-, ¿de dónde se va a tomar?, ¿del
Fondo IV, que se podría aplicar a infraestructura?, ¿del gasto corriente que
apenas alcanza para pagar la nómina?, por supuesto que no.
Ricardo Rojas | Zitácuaro
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