La semana pasada, regidores señalaron que
una de las obras programadas en el programa 2012 no existía. Que fueron a
verificarla y no la encontraron. Sin embargo, días después se difundió una
información contraria: integrantes del comité que realizó los trabajos dijeron
que no sólo se había ejecutado, sino que se superó la meta.
¿Qué sucedió? ¿Quién dice la verdad? Los
regidores, por ley, tienen la obligación de supervisar la correcta aplicación
del recurso público. En ese sentido, no sólo pueden, sino que deben revisar la
aplicación de obras y programas. Eso parece ser lo que quisieron hacer, pero
pareciera que no fueron escrupulosos.
Sin embargo, la dificultad es que para que
tanto un regidor como el ciudadano común asuman su responsabilidad de
convertirse en contralores sociales y cuidarles las manos a los funcionarios,
se requiere tener información suficiente y confiable. No la hay. ¿Por qué?
En la página web de la presidencia, en el
apartado de transparencia, no hay información sobre el programa de obras, ya no
digamos de este año, sino tampoco de 2012. Mucho menos aparece la relación de
proveedores, los contratos, los programas y sus beneficiarios.
Habitantes de comunidades que hicieron
solicitudes tienen que tocar puertas en la presidencia para ver si su obra fue
autorizada o no. Y nadie quiere decirles, a pesar de ser ésta una información
pública.
El dinero destinado a las obras es público.
Es decir, nos pertenece a todos. Así que tenemos del derecho de estar
informados sobre la forma en la que se ejerce. La duda sobre el trabajo de la
Dirección de Obras Públicas no es gratuito, se lo ha ganado a pulso.
A lo largo del primer año ha habido una
serie de señalamientos de la Contraloría Municipal, en el sentido de la falta
de proyectos, expedientes y documentación, en relación con la ejecución de
obras.
También se detectaron algunas faltas cuando
se realizó una visita al azar en algunos de los trabajos realizados en el 2012.
En el mejor de los casos, podríamos decir que es producto de una grave
desorganización en uno de los principales departamentos del municipio.
El pasado viernes, el secretario de
Educación reconoció que Zitácuaro es el municipio que más le invierte en
Michoacán a este rubro. Se habló de un gasto conjunto de doce millones y medio
de pesos. Bien, muy bien.
Pero con mayor razón es importante vigilar
que el dinero se aplique bien, que no haya fugas, que el beneficio llegue,
finalmente, a quien está destinado. Si se transparenta la información sobre
planes y programas es más difícil que se den actos de corrupción, en el nivel que
sea. Así se acaba con las dudas, las malas interpretaciones y los rumores…
Feria
de febrero
No suena descabellada la posibilidad de
regresar la feria a febrero, dado que el problema del clima fue un factor
presente en la fiesta, incluso cuando se llevó a cabo en el mes de marzo. Pero,
como se demostró, no fue una situación que afectara la respuesta de la gente.
De acuerdo con la información vertida por
el alcalde Juan Carlos Campos Ponce, pese a la lluvia y el frío “atípico” de
marzo, acudió a las instalaciones de la feria el doble de personas que el año
anterior.
La respuesta, más que cuestión de fecha, fue
de organización y apoyo. No sólo hubo eventos atractivos, sino que el
Ayuntamiento aportó más de dos millones de pesos para costear los gastos de la
fiesta.
A final de cuentas, la feria costó tres
millones y medio de pesos. Con los ingresos por un millón y medio, el recurso
aportado por el Cabildo alcanzó. Se supone que mientras más gente acuda, más
costeable será el evento y el municipio aportará menos (o igual, pero alcanzará
para más).
En ese sentido, con el respaldo municipal y
una buena organización, el llamado del historiador Crispín Duarte para
continuar con la tradicional fiesta de febrero no suena descabellado. Por el
contrario, parece algo lógico y natural…
-Ricardo Rojas
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