La
política en la Ciénega
Uno
de los grandes riesgos de la democracia en México es que acceden al poder no
los más capaces, sino los más populares o los que tienen grandes habilidades
para negociar, y esto encarece los costos que a final de cuentas paga el
ciudadano de a pie.
Cierto
es que, en esta idea de que no siempre gobiernen los mismos y de que el pueblo
pueda llegar a gobernar, se han dado grandes avances; también es cierto que el
amateurismo, legislativo y ejecutivo, ha traído grandes costos a la sociedad.
Entre
las escasas carencias que pudiera tener la democracia, se encuentra el hecho de
que, al menos en los niveles municipales, tengamos regidores con escasa o nula
preparación, quienes más por ignorancia que por mala fe dejan que ocurran cosas
que a final de cuentas se ven reflejadas en el incremento que tienen que soportar
las arcas municipales.
De acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal, fracción VIII,
el síndico municipal tiene entre sus atribuciones “Representar
legalmente al municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha
representación, previo acuerdo del Ayuntamiento”. En el caso de Jiquilpan esta
responsabilidad recae en el Departamento Jurídico; sin embargo, durante la
sesión extraordinaria 45 del Cabildo jiquilpense, se dejó ver que al menos el Departamento
Jurídico no goza de la confianza del Cabildo para representarlo legalmente.
Lo anterior se puso de manifiesto
cuando en la sesión referida se realizaron los ajustes al presupuesto ejercido
durante 2012. De manera precisa, en la partida 4201-1201 correspondiente a
honorarios, se habían presupuestado 110 mil pesos, pero durante el ejercicio de
este año se ejercieron 246 mil 89.54 pesos como resultado de los contratos de
los abogados Jaime Pérez y Zeta, así como de otro bufete legal en el que es
socio uno de los hermanos del regidor priísta Alfredo Santillán para atender
demandas presentadas contra el Ayuntamiento y que de acuerdo a la Ley Orgánica
Municipal deberían haber sido atendidas por la representación legal del
municipio.
Pero en fin, lo más grave es que
aun a sabiendas de que se incurría en irregularidad al contratar los servicios
del hermano de un regidor, el Cabildo lo aprobó; eso sí, los regidores
consultados sobre este tema establecieron dos puntos: se contrataron abogados
externos porque el regidor Santillán señaló abiertamente que dudaba de la
capacidad del director del Departamento Jurídico para hacer frente y que, en
caso de haber consecuencias legales por contratar los servicios de un pariente
en primer grado del regidor, será el regidor priísta el que asuma las
consecuencias, ya que fue su propuesta y el resto del Cabildo sólo voto a
favor.
De este tamaño está el problema,
representantes populares que llegan a aprender, funcionarios municipales que
llegan a nadar de a muertito, y el pueblo que siempre paga las carencias de una
administración local escasamente preparada o de plano ignorante, inoperante e
indolente.
Por si fuera poco, en la sesión
de Cabildo ya señalada, uno de los grandes protagonistas fue el regidor de
Acción Nacional, Antonio Rodríguez, alguna vez candidato por su partido a la
alcaldía, quien durante la presentación del proyecto de Ingresos y Egresos del
ejercicio 2013, al cuestionar por qué no habían si presupuestados recursos en
el ramo de salud, el tesorero municipal prácticamente lo invitó a leer la Ley
Orgánica para señalarle que no había obligación municipal de etiquetar recurso
para este rubro.
No conforme con ello, ya en el
ajuste al gasto 2012, el regidor indicó que lo perteneciente al rubro
presupuestado para Congresos y Convenciones por el orden de 258 mil 600 pesos
no se ejerció, por lo que prácticamente “apartó” este recurso para el ejercicio
del año entrante, a fin de realizar un congreso, a los que es muy propenso el
representante popular.
José
Luis Ceja Guerra | Jiquilpan
No hay comentarios:
Publicar un comentario